“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,  humanamente diferentes y totalmente libres”.

Rosa Luxemburgo.

Paula Fraga Arias

El Derecho es una técnica de organización de las conductas humanas que pretende conseguir sus objetivos a través del establecimiento de determinados modelos o patrones de conducta  expresados a través de normas[1]. Esos patrones de conducta están absolutamente influenciados por los principios y comportamientos sociales de la época de que se trate y, las/os legisladoras/es como parte integrante de la sociedad, elaboran normas jurídicas que  evidencian esta realidad. Por ende, la norma jurídica no puede escapar a las relaciones de poder existentes en el patriarcado, al sistema jerárquico opresivo que coloca al hombre por encima de la mujer y en el que, social y culturalmente,  seguimos instaladas/os.  El análisis histórico del Derecho lo pone de manifiesto. Podemos recordar por ejemplo, que hasta 1975 existía en España la “licencia marital”, que obligaba a las mujeres a obedecer a sus maridos y a pedirles permiso para formarse académicamente, viajar o abrir una cuenta bancaria entre otras cosas; o hasta 1963, la aberrante previsión legal del uxoricidio por honor, esto es, el privilegio otorgado por ley al marido que, en defensa de su honor,  podía matar a la esposa sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor de 23 años mientras viviera en casa paterna y fuera sorprendida en análogas circunstancias. Desde entonces, se ha avanzado mucho respecto a la mejora del estatuto jurídico de la mujer y a la consecución de la igualdad formal, si bien urge dar pasos hacia la igualdad de hecho o material. Una de las herramientas que sirven a tal objetivo es la utilización de la perspectiva de género como criterio de interpretación y aplicación de la norma jurídica.

La perspectiva de género (en cualquier ámbito) implica el reconocimiento del sistema de dominación del sexo masculino sobre el femenino, de las relaciones de poder construidas cultural, histórica y socialmente y que (re)producen  la desigualdad entre sexos en diversas y múltiples formas. En el ámbito del Derecho, además de este reconocimiento, supone la interpretación y aplicación de la ley de forma que la realización del principio de igualdad y no discriminación sea plena y efectiva.

La no asunción de la perspectiva de género  produce sentencias que no amparan ni resarcen debidamente a la mujer –por ejemplo- violada o maltratada; o que todo un señor Ministro de Justicia convoque una Comisión para reformar los delitos sexuales sin una sola mujer jurista. Recordar en todo caso, que la obligación  de composición paritaria en organizaciones e instituciones, especialmente aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas, es un obligación establecidas en los artículos 54 y 16 de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres  y hombres. Vemos a través de este caso reciente, que la integración de la visión feminista en el Derecho no se queda en la pretensión idílica de un sector de juristas sino que es un mandato jurídico que tiene que empezar ya a ser respetado. La  LO 3/2007 en su artículo 15, habla de la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres  (mainstreaming de género)  lo que supone que las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas , en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos. Importantísimo es el artículo 4 de misma ley, pues estipula que la perspectiva de género es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Cuenta pues, con la eficacia atribuida a los principios generales del Derecho (artículo 1.4 CC). Observamos que las normas jurídicas nacionales han establecido una clara obligación de inclusión de la perspectiva de género. Y en el ámbito comunitario, España se ha comprometido a tal observancia a través de la ratificación del Convenio de Estambul, que en su artículo 4 y bajo la rúbrica de “Derechos Fundamentales, igualdad y no discriminación” preceptúa que los Estados firmantes tomarán, sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenir todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Tanto legislativa como judicialmente se ha reconocido al machismo como una cuestión de orden y ámbito público. Así lo declara la Exposición de Motivos  de LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la Sentencia de TSJ de Andalucía de 19 de diciembre de 2016, que afirma que el machismo atenta contra la seguridad pública encarnada en los derechos fundamentales de las mujeres.

Podemos concluir que son muchas las herramientas con la que contamos para aplicar este método jurídico de análisis. Como operadores jurídicos tenemos que ser capaces de llevarlo a la práctica. Ahí reside de hecho, el poder transformador del  Derecho y de las sentencias, en que tanto el que asiste, como el que interpreta y aplica sea capaz de adaptar el mecanismo dado por ley al caso concreto para corregir las situaciones de desigualdad y discriminación específicas. O incorporamos la perspectiva feminista a la práctica jurídica o principios básicos del Derecho seguirán siendo conculcados todos los días.


[1] Definición de Peces Barba.