Manifiesto fundacional

Manifiesto por el Bienestar de la Abogacía y Otras Profesiones Jurídicas


El Consejo de Gobierno del Instituto de Salud Mental de la Abogacía: 

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 24.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental “a la defensa y a la asistencia de letrado” a todas las personas.

SEGUNDO. Que el artículo 6.3.c del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España en virtud de instrumento de fecha 4 de octubre de 1979, establece que todo acusado tiene el derecho “[…] a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio […]”.

TERCERO. Que los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea disponen que “[t]oda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia”. Asimismo, el artículo 48.2 de dicha Carta establece que “[s]e garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”.

CUARTO. Que el artículo 542.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) establece que “[c]orresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”.

QUINTO. Que el Principio (e) de la Carta de Principios Esenciales de la Abogacía Europea propugna que la “lealtad al cliente es la esencia del rol de abogado. El cliente debe poder confiar en el abogado como asesor y como representante”, ponderando esta función con otros principios básicos como el “respeto hacia los colegas de profesión” y el “respeto al Estado de Derecho y a una administración de justicia justa”. Todo ello para garantizar que, tal y como indica el artículo 3.1.2. del Código Deontológico de los Abogados Europeos, el “Abogado asesorará y representará a su cliente puntual, concienzuda y diligentemente”.

SEXTO. Que el artículo 42.1 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española dispone que “[s]on obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional”.

SÉPTIMO. Que el artículo 13.10 del Código Deontológico, adaptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, establece que “[E]l Abogado asesorará y defenderá a su cliente con diligencia, y dedicación”.

OCTAVO. Que el Expositivo II de la Exposición de Motivos de la Resolución JUS/880/2009, de 24 de marzo, por la cual, habiendo comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña la Normativa de la Abogacía Catalana se recoge que “la regulación del ejercicio de la profesión de abogado, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en las más recientes sentencias, ha de tener en cuenta fundamentalmente la correcta prestación de la profesión respecto de los justiciables, haciendo realidad los derechos de defensa de los ciudadanos así como la tutela judicial efectiva”.

NOVENO. Que el punto 33 del apartado tercero de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia establece que “[e]l ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende […]”.

MANIFIESTA

PRIMERO. Que la salud mental de los estudiantes de Ciencias Jurídicas, abogados y jueces está suscitando mucho interés en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido por los altos índices de ansiedad, estrés, depresión, alcoholismo, consumo de drogas y suicidios.

SEGUNDO. Que a nivel nacional solamente se ha efectuado un intento de valorar el estado de la salud mental de los abogados. Este intento se vio plasmado en el informe publicado por la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía (“FIIAA”), “Análisis de las características de las patologías y lesiones del abogado en España“. En este estudio, se concluyó que cerca del 3% de los abogados españoles aqueja un problema de salud mental.

Este porcentaje se aleja sustancialmente de las cifras que se han obtenido de estudios similares en Estados de nuestro entorno, como Francia (donde el 52% de los abogados mostrarían un elevado nivel de alteración mental) o Italia (donde el 15% de los abogados sufren transtornos vinculados con la ansiedad). Ello se debería, según el informe a la existencia de un subregistro que no habría sido posible cuantificar.

TERCERO. Que, aun reconociendo las particularidades de cada sistema jurídico, concurren determinados factores en el ejercicio de las profesiones mencionadas (adicción al trabajo, aislamiento social, síndrome de burnout, acoso, falta de conciliación, insatisfacción en el trabajo, trabajar bajo presión, discriminación por razón de sexo, alta competencia y falta de sueño, entre otros).

CUARTO. Que la expresión ‘salud mental’ no solo se refiere al hecho de no sufrir un trastorno mental, sino también, tal como afirma la Organización Mundial de la Salud, a todo aquello que esté relacionado con (i) la promoción del bienestar, (ii) la prevención de trastornos mentales, y (iii) el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por estos trastornos.

QUINTO. Que, ante la ausencia de una apuesta decidida sobre la materia en España, el ISMA se ha instituido como una organización que persigue concienciar a la población de la existencia de problemas de salud mental en la abogacía, así como en los estudiantes de Ciencias Jurídicas y colaborar estrechamente con instituciones, empresas y administraciones para aportar soluciones constructivas a un problema que, queramos aceptarlo o no, existe.

En Barcelona, a 15 de enero de 2018

Manel Atserias Luque Tomás Gabriel García Micó
Fundador y Presidente Vicepresidente y Secretario

 

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