Excma. Sra. Dña. Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Excmo. Sr. D. Carles McCragh, Presidente del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya; y Excma. Sra. Dña. Maria Eugènia Gay, Decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona:
Me complace comunicarles que, en el día de hoy, se ha puesto en marcha la actividad del Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA). Se trata de un proyecto pionero en el sector legal español y europeo. El lema de este instituto es “Trabajar por y para el bienestar de la abogacía”.
Antes de explicarles cuáles son los objetivos concretos del ISMA, me gustaría exponerles la razón de ser de esta organización.
¿Por qué nace el ISMA?
A principios de 2017, leí varios artículos de medios de comunicación internacionales (Idealex.press y Above the Law, entre otros), que se hacían eco de los problemas de salud mental de los abogados y estudiantes de Derecho de Estados Unidos. Según estos artículos, los índices de suicidio, depresión, ansiedad, estrés, alcoholismo y consumo de drogas de los colectivos mencionados son superiores al de la media de la población estadounidense.
A partir de ese momento, empecé a analizar los trabajos de la American Bar Association, facultades de Derecho y fundaciones (entre otras, la Dave Nee) que abordaban dicho fenómeno en Estados Unidos.
Asimismo, mientras iba consultando literatura extranjera, traté de buscar literatura de esta temática en España. Pues bien, tras bastantes búsquedas infructuosas, solo pude encontrar el estudio “Análisis de las características de las patologías y lesiones del abogado en España”, encargado por la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía (FIIAA).
Según las bases de datos que consultaron los autores del estudio, se estimó que alrededor de un 3% de los abogados españoles tienen algún problema relacionado con la salud mental. Sin embargo, dichos autores reconocieron que, incluso siendo este porcentaje inferior al de la población general, «esta conclusión es muy probablemente opuesta si tenemos en cuenta que una comparación de los registros con datos de la literatura avala que hay un gran subregistro: [Mientras que en Italia], un 15% estaría en guardia durante el ejercicio laboral, un 15% sufriría ansiedad y un 4% necesidad de consejo psicológico[;] [en Francia], el 52% de los abogados mostrarían un nivel alto de alteración psicológica a través del cuestionario GHQ-28. Es decir, hay sufrimiento sin declaración o solicitud de ayuda asistencial».
Pero la ausencia de estudios en esta materia en España no ha sido el único motivo por el que he decidido poner en funcionamiento el ISMA. Mi compromiso con la salud mental nació desde el mismo momento en que me diagnosticaron un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en una fase moderada-grave.
Aunque empecé a manifestar los primeros síntomas de dicho trastorno a los 6 años, no fue hasta finales de 2010 cuando el TOC llegó a anularme por completo. Era esclavo de mis pensamientos obsesivos y necesitaba invertir una cantidad ingente de tiempo para llevar a cabo mis quehaceres diarios. Entre otros, estudiar Derecho, que es mi pasión.
Nunca tuve miedo en reconocer y explicar públicamente que padezco un trastorno mental. Aunque mis padres y amistades temen que ese activismo tenga consecuencias negativas en mi futuro laboral, mi corazón me dice que siga adelante con esa tarea de concienciación.
Durante estos años de tratamiento, he tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas de todas las edades en muchas terapias grupales y reuniones. Por cierto, algunas están estudiando Derecho o ejerciendo la abogacía. Pero prefieren no hacerlo público por temor a ser discriminados o minusvalorados por sus clientes, compañeros o superiores.
Aunque no comparta esta posición, la respeto y mucho. Forma parte de la esfera privada de quien lo padece y cada uno decide con quién quiere compartir esta información. Con independencia de cuál sea la decisión de la persona afectada, siempre encontrarán en mí respeto, apoyo, cariño y lealtad. Hablo de TOC, pero hágase extensible también a los demás trastornos mentales.
Dicho esto, permítame formularles la siguiente cuestión: si el abogado prefiere no pedir ayuda por el qué dirán o por el temor a ser discriminado, ¿considera que la persona ha tomado una decisión libre? En mi opinión, mientras haya miedo o rechazo, la persona no puede tomar libremente una decisión porque siempre estará condicionada por el estigma.
Pero es que, además, partiendo de un análisis coste-beneficio, el bienestar de la abogacía debe ser un pilar fundamental en cualquier despacho. Según una encuesta realizada por Law360 en 2016, más del 40% de los abogados estadounidenses dijeron que, probablemente o muy probablemente, dejarían sus firmas al año siguiente. Esta alta tasa de rotación para un bufete de abogados tiene un coste económico importante ―para las grandes firmas, se estimó un coste de 25 millones de dólares cada año―.
¿Cuáles son los objetivos del ISMA?
El ISMA tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
1) Determinar el estado de salud mental de los abogados y de los graduados en Derecho que realicen el Máster de Acceso a la Abogacía por medio de encuestas y entrevistas.
El ISMA garantizará tanto el rigor científico de las encuestas y entrevistas como la protección de datos de todos los participantes.
En relación con el rigor científico, el ISMA creará un comité científico integrado por psicólogos especialistas en salud mental y psiquiatras.
Asimismo, gracias a los vínculos con abogados, psicólogos y organizaciones estadounidenses especializadas en salud mental, el ISMA tomará como punto de partida la experiencia norteamericana.
En cuanto a la protección de datos, el ISMA aprobará una serie de protocolos validados por expertos en protección de datos y realizará, si fuera necesario, consultas a la Agencia Española de Protección de Datos o Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Todo el proceso de elaboración se ajustará al nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
2) Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales propios del ejercicio de la abogacía.
3) Recomendar la adopción de determinadas políticas organizativas y de funcionamiento en los despachos de abogados con el fin de aumentar el bienestar de la abogacía.
4) Proponer la inclusión de contenidos de salud mental de la abogacía en los programas universitarios (Grado en Derecho y Máster de Acceso) a las facultades de Derecho y centros de formación jurídica, así como en los cursos organizados por los colegios profesionales de abogados.
5) Luchar contra el estigma y las prácticas discriminatorias que padecen los abogados debido a algún problema de salud mental a través de campañas de concienciación y programas específicos donde el abogado desempeñe un rol activo.
Según el estudio “El estigma y la discriminación en los entornos laborales” en Cataluña, elaborado por Obertament en 2016, un 48,5% de las personas con problemas de salud mental ha ocultado su trastorno en el trabajo para evitar un trato discriminatorio.
6) Fomentar los comportamientos de búsqueda de ayuda profesional cuando el abogado lo necesite.
7) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración con facultades de Derecho, centros de formación jurídica, despachos de abogados, colegios profesionales de abogados, empresas, administraciones públicas y organizaciones de salud mental, tanto nacionales como internacionales.
8) Informar de los estudios, investigaciones y trabajos que se llevan a cabo en otros países en materia de salud mental de la abogacía.
Todo esto con un fin: trabajar por y para el bienestar de la abogacía. Porque cuanto más aumentemos su bienestar, los derechos de los ciudadanos también saldrán reforzados.
Por este motivo, les pido su apoyo y colaboración.
Reciban un cordial saludo,
Manel Atserias Luque
Fundador y presidente del ISMA
En Barcelona, 18 de septiembre de 2017
La concienciación por parte de todos los actores de las contradicciones que la actual sociedad genera debería ser el pilar de una reflexión profunda sobre lo que es “Salud Mental”
El abogado es simplemente la voz del auxilio legal a aquellas partes que se ven envueltas en un conflicto de intereses.
Resultaría interesante pensar que una sociedad “sana” podría resolver de forma “sana” tales conflictos sin recurrir a jueces y tribunales.
Quizás el diálogo abierto y el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (como la Mediación o el Arbitraje) de una manera inteligente y eficaz permitiría racionalizar la Abogacía.
A mi entender la sociedad, y a veces con la complicidad de los propios despachos, aún sigue haciendo un uso perverso del Derecho-entendido en su máxima expresión como procedimiento estatal de composición de intereses- y ello sólo genera complicación y estrés a los propios abogados.